Acá hay una columna que tiene que ver con la negociación laboral social en Chile, y para que reflexionen sobre este tema que en Chile muchas veces nos hacemos los tontos o dejamos de lado.
Un elemento clave para entender la mayor extensión del fenómeno de la pobreza entre los trabajadores en situación de precariedad es su débil o nulo poder de negociación, reflejado en su menor afiliación sindical. En efecto, este ha sido uno de los resultados centrales de las políticas de ajuste laboral de las últimas décadas: la quiebra de la capacidad negociadora del trabajo mediante la mutación de las condiciones en las cuales se desarrolla la relación salarial.
Ahora bien, esta ofensiva contra el poder negociador de los trabajadores se sitúa en la base no sólo de la pobreza salarial que afecta a la mayoría de las personas insertas en el mercado laboral chileno (y explica las inmensas diferencias existentes en la distribución del ingreso entre los diversos estratos sociales), sino que, además, se extiende de manera brutal hacia el 20% más pobre del país, donde la capacidad negociadora es inexistente y la precariedad un asunto de “vida o muerte”. Si las facilidades para negociar se han ido perdiendo por parte de los que tienen trabajo, en el caso de la pobreza e indigencia esta situación se ve exacerbada en extremo pues los pobres sencillamente no existen como parte negociadora, no tienen una representación orgánica que vele por sus intereses.
¿Quién se encarga entonces de representarlos en esta economía de mercado que con demasiada frecuencia se preocupa sólo de los que tienen trabajo, de los que tienen voz y voto, de los que han sido invitados a la “fiesta” de las retribuciones? Pocos, muy pocos. Una excepción sería la Iglesia Católica, que fue la primera en plantear el tema del sueldo ético, concepto que se dirige a la esencia misma del problema ya que se focaliza en los fundamentos con que se debe abordar el drama de la pobreza: el hecho de que los pobres no pueden esperar más, y la circunstancia de quela sociedad no puede ponerse a negociar - o mejor dicho, a “regatear” -, con los pobres.
Ahora el Gobierno ha recogido esta propuesta y la va a transformar en ley. Sin embargo, lo que se ha enunciado hasta el momento estaría indicando que se trata de una cantidad insuficiente ($240.000 mensuales por familia), con demasiadas condicionantes que la tornarían en inefectiva, pues lo que la pobreza requiere es dinero constante y sonante para poder mantener un ambiente de dignidad,y no ese tipo de ayuda indirecta que sólo pretende incentivar a los pobres para que no se transformen en dependientes del asistencialismo. ¿Pero, de qué asistencialismo se puede hablar en Chile si hasta un par de años atrás fue muy escasa, o nula, la preocupación del Estado por estos asuntos?
12 mayo, por José Miguel Serrano
grupo 1 sección 4
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